Eugenia Siordia
El asunto de buscar trabajo es cosa seria. El interesado debe levantarse temprano para adquirir uno o varios periódicos y, si tiene suerte, para ser uno de los primeros en revisar las nuevas ofertas de empleo publicadas en la Web.
Después de leer con detenimiento cada uno de los 715 anuncios que contenga el Aviso de Ocasión, habrá de identificar y descartar sistémicamente todos aquellos con extensión de no más de dos líneas que escriban al final cualquier tipo de nombre como “Srita. Ortega”, “Srita. Azul”, “Dr. Jenny”, “Soraya”, “Lic. Fernando”; que agreguen imperativos como “¡urge!”, “¡contratación asegurada!”, “¡llámame!”, “¡yo enseño!”; u ofrezcan un sueldo de $1,100 pesos semanales por cuatro horas al día de lunes a viernes.
Porque, como bien sabe el desempleado, de atender a estos anuncios, lo más probable es que termine en una oficina destartalada, sentado junto a un grupo de 20 personas y frente a un expositor que le asegure que la única razón por la que no se les ofrece prestaciones de ley y Seguridad Social, es porque la “empresa” tiene la recta intención de pagar más a sus trabajadores y, que al fin y al cabo, el Seguro Social no sirve para nada más que restar números en las nóminas.
De 715 ofertas de empleo publicadas, únicamente 25 contienen las palabras “prestaciones de ley”. Las 690 restantes son sólo una variedad de extensas posibilidades para el no-reconocimiento del trabajador por medio de un contrato y para la evasión de impuestos.
La encuesta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) indica que 12.1 millones de personas en el país (el 28.2% de la población ocupada) laboran en el sector informal, que la tasa de desocupación es de 2.3 millones de personas (5.1%) , y que el porcentaje de recaudación del país es de 8.96% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) .
Todo esto se traduce en la crisis que afecta a las familias mexicanas y en la forma en que éstas buscan mejorar su calidad de vida, conservar su patrimonio o procurarse las necesidades básicas; por lo general, por medio del comercio informal y la prestación de bienes y servicios no reglamentada. Y es que al ciudadano no le importa la economía del país más que su familia, el bienestar, la educación de sus hijos y su tranquilidad.
El problema de fondo, es que las condiciones tributarias no promueven un ambiente propicio para el desarrollo del sector privado. Mantener una empresa sale muy caro: entre el impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única (IETU), el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), las retenciones de impuestos y las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); estar al corriente y pagar debidamente a los empleados, podría costarle la vida a cualquier PYME.
Pero la razón por la que las contribuciones fiscales son tan elevadas, es precisamente porque la recaudación es poca y aún así se le da una administración deficiente.
Sólo en la medida en que se invierta al crecimiento de la industria, a la innovación en los negocios, a la competitividad en el mercado, a una nueva legislación con base en principios de alteridad para nivelar la preferencia innegable hacia empleado a costa del empleador, se podrá conseguir que el sector formal acoja a la población que no había logrado incorporarse y goce de todas las seguridades que por ley le corresponden.
